Los jueces y la oportunidad
Los jueces, como la lluvia, tienen un extraño don de la oportunidad. El martes la juez Alaya apuntó la implicación en el caso ERE de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ensombreciendo la toma de posesión de la socialista Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. Ayer, el juez Ruz mediatizó la junta general extraordinaria de Pescanova, al abrir la vía para juzgar a Demetrio Carceller Coll, patriarca de la familia dueña de la cervecera Damm que aspira a nombrar a uno de sus miembros, José Carceller Arce, como consejero de Pescanova. Un hermano de José, Demetrio, también figura implicado en el procedimiento contra su padre por supuesto fraude de 72 millones a Hacienda y blanqueo de capitales.
Es verdad que Damm, que entró como accionista de Pescanova en 2011, fue la que permitió que se destapara el escándalo al no firmar las cuentas en 2012. Pero también es cierto que aceptaron las de 2011. Si en el futuro se produjera una quita de más del 30% de la deuda –escenario que no es improbable– el tribunal deberá investigar si el proceso concursal fue declarado de manera fraudulenta por el ex presidente Manuel Fernández de Sousa, y eso salpicaría a todos los miembros del antiguo consejo, incluido José Carceller.
Esta es la principal objeción a la candidatura de Damm, Luxempart e Iberfomento que manifiestan la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) y el fondo Cartesian que hoy presentarán una lista con candidatos como Baldomero Falcones (ex presidente de FCC) y el ex ministro José Manuel Otero-Novas.
Este mismo reparo se plantea, con mayor razón aún, a la candidatura que ha presentado el propio Fernández Sousa y que pretende articular en torno a su empresa Sodesco a los diversos fondos inversión.
La junta general de hoy no tiene precedentes en la historia mercantil española. El punto primero del orden del día plantea la dimisión de todo el consejo. El papel que cumpla Deloitte, actual administrador concursal, será clave, porque aunque el juez ha renunciado a presidir la junta, su representante tiene el poder y los recursos para condicionar determinados aspectos de la misma.
Los Carceller confiaban ayer que el procedimiento contra su patriarca no contamine la junta de Pescanova, pero eso será difícil. Hay observadores que creen que el caso seguirá el mismo camino que los procedimientos que afectaron a la familia Botín o a los Del Pino que se zanjaron con sanciones onerosas.
La ruina de Pescanova, sin embargo, es un escándalo que no requiere de más aderezos. El agujero patrimonial de la compañía es ya de 1.667 millones, muy superior a lo estimado originalmente y la deuda supera los 3.600 millones, según el informe del administrador concursal. En Pescanova ha fallado el consejo de administración, el auditor y el control público a través de la CNMV, puesto que era un empresa cotizada en Bolsa. La firma no se encuentra en dificultades porque haya sufrido un accidente, porque se haya acabado la demanda o se haya secado el mar, sus problemas se deben al oscurantismo y a la falta de transparencia de un presidente que no ha sido nada ejemplar.
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